El artículo a continuación describe los desarrollos legales que ocurrieron en 2017. El 7 de junio de 2021, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión en Sánchez v. Mayorkas, No. 20-315, que sostuvo que un receptor de TPS que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos es no es elegible para ajustar el estatus a residente permanente de los EE. UU. únicamente por tener un estatus de protección temporal. Sánchez v. Mayorkas revocó la decisión a continuación y es la ley actual en vigor.

Un nuevo caso de la corte federal anunció que los extranjeros con “TPS” (Programa de Protección Temporal (PPT) del los Estados Unidos de América) pueden ser elegibles de solicitar la residencia estadounidense si un pariente ciudadano estadounidense o residente permanente, o un empleador estadounidense la solicita de parte de ellos. La nueva regla es un cambio importante de la ley, pero no puede ayudar ciertas personas que volvieron a entrar a los Estados Unidos ilegalmente más que una vez, tampoco las personas con condenas de delitos y violaciones anteriores de la ley de inmigración.

La ley del año 1996 creó un obstáculo de obtener residencia permanente que dejó a cientos de miles de inmigrantes inelegibles para legalizar su estatus migratoria. Desde el año 1960 la ley ha requerido que si un inmigrante quiere “ajuste su estatus” (obtener residencia permanente de los  Estados Unidos mientras vive aquí), había deber entrado legalmente a los Estados Unidos. Antes de la ley del 1996, los que entraron ilegalmente a los Estados Unidos que tuvo un peticionario ciudadano estadounidense sea esposo, padre o hijo pudo salir de los Estados Unidos, solicitar una visa de inmigrante en un consulado de los Estados Unidos de América (de aqui en adelante EE.UU.) luego regresa a los EE.UU. unas semanas después con una tarjeta de residencia. La ley del 1996 imponió tres castigos a los inmigrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos que paro el antedicho:

1. Una prohibición de tres años para volver a entrar de nuevo a los Estados Unidos a los que vivieron ilegalmente en los Estados Unidos por más de seis meses y menos de un año y luego salUnidos, luego intentó de volver a entrar de nuevo, o entró de nuevo, a los Estados Unidos
    
2. Una prohibición por vida para volver a entrar los Estados Unidos por los que vivieron ilegalmente en los Estados Unidos por más de un año, luego salió de los Estados Unidos,
    
3. intentó de volver a entrar de nuevo, o entró de nuevo, a los Estados Unidos

Muchos abogados no saben de la prohibición por vida y por eso meten peticiones de renuncia para los inmigrantes ineligibles. No hay ninguna renuncia de la prohibición por vida, excepto si el inmigrante sale de los Estados Unidos y espera fuera del pais por 10 años antes de presentar una petición de renuncia.

La ley de 1996 paró muchos inmigrantes que entraron ilegalmente los Estados Unidos de legalizar su estatus aunque tuvieron ciudadano EE.UU. o parientes residentes. Excepciones surgieron en los últimos años que ayudaron algunos inmigrantes en esta situación. Por ejemplo, un caso de 2012 falló que un extranjero con acción diferida (por ejemplo, “DACA”) que obtuvó permiso para salir y volver a entrar los Estados Unidos con “advance parole” y que lo hizo se considerará legalmente que había entrado de nuevo y no está sujeto a las prohibiciones de 3 años ni de 10 años (porque no “salieron” de los Estados Unidos por própositos legales). Advance parole  es un permiso que inmigración le da a personas que, mientras esperan recibir su tarjeta de residente permanente, necesitan viajar a su país por alguna emergencia. Dicho documento les permite salir y luego volver a reentrar en los Estados Unidos. Es un permiso que sólo sirve para ese viaje. Un inmigrante en esa situación esta elegible para ajustar su estatus. Arrabally y Yerrabelly, 25 I&N Dec. de 771 (BIA 2012).

En el año 2013, el USCIS anunció otra programa se llama “parole in place” (libertad condicional en lugar) para los esposos, hijos y padres de los militares estadounidenses dn servicio activo y los veteranos. “Parole in Place” existió antes del anuncio del 2013, pero el anuncio formalizo la política por casi garantizar el beneficio a todos los esposos, hijos y padres de militares estadounidenses de servicio activo y los veteranos. La regla se encuentra ahora en el Manual de Políticas de la USCIS, Volumen 7, Parte B. La Orden Ejecutiva 13768 del Presidente Trump podría haber cancelado este programa, pero nadie sabe hasta la fecha.

El 31 de marzo de 2017 todo cambió. La Corte de Apelaciones del Circuito Noveno falló que TPS cuenta como una entrada válida a los Estados Unidos y estatus de inmigración válido por los efectos de la petición de ajuste el estatus. Ramírez contra Brown, Nº 14-35633 (9th Cir. 31 de marzo 2017). El USCIS tiene sólo 90 días para intentar en revocar esta decisión por medio de apelarla a la Corte Suprema de Estados Unidos. Es improbable que el gobierno apelará la decisión.

Ramírez contra Brown significa que los extranjeros que viven en Estados Unidos con TPS pueden ajustar su estatus basado en algún otro base jurídico - por ejemplo, por la petición de un esposo, padre o hijo mayor de 21 años de edad, o de una certificación de trabajo y una petición I-140 presentada por un empleador estadounidense.

La decisión sólo absuelve una sóla entrada ilegal y presencia ilegal ilimitada en los Estados Unidos. Extranjeros con TPS seguirán siendo sujetos a otras bases legales de la inadmisibilidad. Los condenados por ciertos delitos pueden verse impedidos de ajuste su estatus, así como los que han violado otras leyes de inmigración. Algunos barreras para ajuste de estatus que Ramirez contra Brown no repara incluye el uso de documentos falsos para entrar a los Estados Unidos, las afirmaciones falsas a ciudadanía estadounidense, y los que vivían en los Estados Unidos por más de un año ilegalmente después del 1 de abril de 1997, y luego salió, y volvió de nuevo ilegamente a los Estados Unidos. Una persona inelegible para el beneficio bajo Ramirez contra Brown  puede ser elegible por una visa U si fue víctima de ciertos tipos de delitos y ayudó a la policia con investigación y el juicio del delito.

Cualquier persona que tuviera cualquier contacto con las autoridades de inmigración de EE.UU. deberán presentar una solicitud de la La Ley de Libertad de Información (FOIA en inglés) para obtener una copia de su archivo con inmigración antes de tomar acción. Una persona que entró de nuevo ilegalmente a los EEUU después de una deportación no sea elegible por el beneficio bajo Ramírez contra Brown y puede correr el riesgo de otra deportación mediante la aplicación de un beneficio de inmigración. Entrar de nuevo ilegalmente después de la deportación es un delito federal con un máximo 2 a 20 años en la prisión federal, dependiendo de las circunstancias, por eso es importante de ser cuidadoso antes de solicitar un beneficio de inmigración. 8 USC §1326.

Cualquier persona con antecedentes penales debe tener una evaluación cuidadosa de su situación y podría ocupar recurso de reparación poscondenatoria antes de solicitar la residencia estadounidense.  Los extranjeros con cualquier ante

La buena noticia es que decenas de miles de beneficiarios del TPS con un ciudadano estadounidense o residente permanente esposo, padre o hijo, u incluso un empleador estadounidense dispuesto a patrocinarlo, ahora puede solicitar la residencia permanente de EE.UU., y pocos años después de obtengarla, solicita la ciudadanía estadounidense. Muchas de las personas con TPS no son elegibles para DACA ni la libertad condicional en lugar. Antes de la decisión nueva, del 31 de marzo de 2017, la mayoría de los beneficiarios del TPS con ciudadano estadounidense o residente permanente esposos, padres o hijos mayores de 21 años, no tuvieron fuente de obtener la legalización. Ahora muchos pueden.

Sean Olender tiene máde 18 años de ejercer la abogacía de leyes de inmigración y empleo. Él un especialista certificada en leyes de inmigración por el Colegio de Abogados del Estado de California (sólo hay 207 dichas especialistas en California). Obtuvo su licenciado en derecho de la Universidad de San Diego Facultad de Derecho, donde luego trabajó por tres años como profesor adjunto ensenañdo un curso de derecho de inmigración.

Renée Yvonne Gardner contribuyó a este artículo y tiene casi 11 años de ejercer la abogacía representando clientes en casos civiles, delitos y adminstrativos, incluidos acusados en casos federales. Obtuvo su licenciado en derecho de la Universidad de Santa Clara Facultad de Derecho y es un miembro del Colegio de Abogados del Estado de California.